ANTECEDENTE JURÍDICOS

Israel, como Potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, debe cumplir las normas internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, incluido lo dispuesto en el Derecho Internacional consuetudinario. En concreto, debe cumplir lo dispuesto en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra) y el Reglamento de La Haya[1]. El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra estipula específicamente que "la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado". El Consejo de Seguridad[2], la Asamblea General[3], el Consejo de Derechos Humanos[4] y la Corte Internacional de Justicia[5] han confirmado que la construcción y la ampliación de los asentamientos israelíes y otras actividades relacionadas con los asentamientos en el territorio palestino ocupado son ilegales según lo dispuesto por el derecho internacional.

En el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, Israel debe cumplir las obligaciones que figuran en los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto ha sido confirmado por la Corte Internacional de Justicia[6] y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos[7].

SINOPSIS

Como se indicó en informes anteriores del Secretario General, los asentamientos israelíes constituyen un obstáculo a la creación de un futuro Estado palestino[8]. A pesar del compromiso expresado por Israel de congelar todas las actividades relacionadas con los asentamientos con arreglo a la hoja de ruta del Cuarteto y de los múltiples llamamientos de la comunidad internacional para que se pusiera fin a los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, el Gobierno de Israel siguió desempeñando un papel destacado en su creación y ampliación, conculcando el derecho internacional. Durante el período que abarca el informe, los asentamientos israelíes siguieron ampliándose y se aprobó la construcción de otros nuevos. Según la ONG israelí Paz Ahora, durante el período de que se informa el Gobierno de Israel fomentó los planes de construcción de 8.943 nuevas viviendas, 6.521 de las cuales en Cisjordania, sin incluir Jerusalén Oriental, y 2.422 en Jerusalén Oriental[9]. La ONG calculó que esas viviendas albergarían a más de 44.000 nuevos colonos israelíes, suponiendo que una familia de colonos estaba formada, por término medio, por 5 personas[10]. Además, parece que la construcción de nuevos asentamientos aumentó en un 70% en la primera mitad de 2013, con la construcción de 1.708 viviendas, 180 en asentamientos de avanzada[11], en comparación con 995 viviendas construidas durante el mismo período en 2012[12].

 

Además, en octubre de 2013, el Gobierno israelí anunció la construcción de 5.000 nuevas viviendas en los asentamientos situados en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental[13]. Según los medios de comunicación, el objetivo de esta medida era neutralizar las reacciones negativas por la puesta en libertad de presos palestinos en el contexto de las conversaciones de paz[14]. En noviembre de 2013, los medios de comunicación informaron que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había ordenado al Ministro de Vivienda y Construcción, Uri Ariel, que reconsiderara los planes de construcción de más de 20.000 viviendas en asentamientos israelíes[15], incluido el bloque E-1[16], al parecer para no causar un enfrentamiento innecesario con la Comunidad Internacional[17]. Sin embargo, al 20 de noviembre de 2013 esos planes no se habían cancelado.

La población de los asentamientos israelíes sigue creciendo. Según la Oficina Central de Estadística de Israel, la tasa de crecimiento de la población de colonos en 2012 fue del 5%, casi tres veces superior a la tasa de crecimiento nacional, que fue del 1,9%[18]. Las estimaciones de la población actual en los asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, son más de  650.000[19].

Las actividades de asentamiento israelíes, las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los colonos y sus movimientos y los actos de violencia cometidos por los colonos israelíes contra los palestinos y sus bienes están detrás de la mayoría de las violaciones de los Derechos Humanos contra los palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental[20]. Por ejemplo, los asentamientos han dado lugar a múltiples restricciones impuestas por Israel a la construcción palestina, en particular en la Zona C[21], lo que hace prácticamente imposible que los palestinos obtengan licencias de obra para viviendas e infraestructura[22]. Como se indica más adelante, estas restricciones suelen dejar a los palestinos sin más opción que construir sin licencia, arriesgándose a ser desalojados y a que sus estructuras sean demolidas y, por consiguiente, acaben siendo desplazados (véanse los párrafos 11 a 20 infra). Como se informó anteriormente, en muchos casos la demolición de viviendas palestinas que carecen de licencias de obra está vinculada a la ampliación de los asentamientos[23]. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), durante el período que se examina, en el territorio palestino ocupado se demolieron 392 edificaciones palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desplazando a 588 personas, incluidos 272 niños[24].

La situación en Jerusalén Oriental sigue siendo motivo de preocupación. Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, 99 edificaciones palestinas fueron demolidas, desplazando a 320 personas, incluidos 161 niños[25]. Además, se aprobó la construcción de nuevas viviendas en asentamientos ubicados en Jerusalén Oriental. Por ejemplo, en agosto de 2013, el comité municipal de ordenación local y construcción de Jerusalén aprobó la construcción de 58 viviendas en el asentamiento de Pisgat Ze'ev. Los medios de comunicación informaron de que el alcalde de Jerusalén había expresado su apoyo a un plan gubernamental para construir 793 viviendas nuevas: 400 en Gilo, 210 en Har Homa y 183 en Pisgat Ze'ev[26]. En noviembre de 2013 se dictaron diez órdenes de demolición de viviendas en el barrio de Ras Khamis. De aplicarse, se desplazaría a unos 1.500  palestinos[27]. Los residentes de Silwan han informado de la recepción de varias órdenes de demolición en torno a fines de octubre[28]

 

Política israelí de ordenación territorial en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y sus efectos en los derechos humanos de los palestinos,  Naturaleza de la política, la legislación[29] y la práctica de ordenación territorial.

La construcción y ampliación de asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, está relacionada con un sistema complejo de políticas que atropellan los Derechos Humanos de los palestinos[30]. La política de ordenación territorial que regula la construcción de viviendas y edificaciones en Cisjordania[31], incluida Jerusalén Oriental, es sumamente problemática[32]. El Secretario General[33] y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial[34] han señalado en el pasado el carácter discriminatorio de la política israelí de ordenación territorial. Por ejemplo, en Jerusalén Oriental las autoridades israelíes han planificado y zonificado solo el 13% de la ciudad, ya construida en su mayor parte, para las actividades palestinas de construcción. Además, los palestinos siguen un proceso largo y costoso para obtener una licencia de obra en esa zona. Aunque los requisitos para obtener una licencia de obra en Jerusalén Occidental son similares, la falta de inversión municipal en infraestructura pública y la desigual distribución de los recursos presupuestarios en Jerusalén Oriental hacen que sea muy difícil para los palestinos cumplir todos los requisitos para obtener una licencia[35]. Como resultado de ello, al menos el 33% de los hogares palestinos en Jerusalén Oriental carecen de licencias de obra israelíes, por lo que 93.100 residentes, como mínimo, corren el riesgo de ser desalojados y desplazados y de que sus viviendas sean demolidas[36].

 

En la Zona C de Cisjordania, los palestinos no están autorizados a construir en aproximadamente el 70% del territorio y están sujetos a severas restricciones en cuanto a la construcción en el 30% restante[37]. Se ha planificado menos del 1% de la Zona C para el desarrollo urbano palestino[38]. Los palestinos no están representados en el proceso de ordenación territorial, a diferencia de los colonos israelíes[39]. La combinación de estos factores hace que obtener una licencia de obra sea prácticamente imposible para los palestinos que desean construir viviendas o infraestructura en la Zona C. Muchos palestinos, por lo tanto, edifican sin licencia de obra, lo que hace que corran el riesgo de ser desalojados y desplazados y de que sus viviendas sean demolidas[40]. Según la Administración Civil de Israel (ICA), entre 2009 y 2012 se aprobó solamente el 2,3% de las solicitudes de licencia presentadas por palestinos en la Zona C[41]. Entre el 30 de noviembre de 2012 y el 30 de octubre de 2013, 477 edificaciones palestinas fueron demolidas en la Zona C, lo que provocó el desalojo y el desplazamiento de 644 personas, la mitad de ellos niños[42].

 

En cambio, las autoridades israelíes han proporcionado a los asentamientos una ordenación territorial detallada y han establecido políticas preferenciales, como la concesión de incentivos y prestaciones a los colonos, la asignación de tierras para ampliar los asentamientos y el acceso a los servicios públicos y de infraestructura[43]. Además, la aplicación estricta de las leyes de ordenación territorial a las comunidades palestinas, que provoca un gran número de desalojos y demoliciones de edificaciones palestinas, contrasta con la flexibilidad demostrada por las autoridades de ordenación hacia los asentamientos israelíes[44]. La inobservancia generalizada de las leyes que confieren la facultad de expulsión de personas y demolición de edificaciones cuando son los colonos israelíes los que cometen las infracciones también pone de manifiesto la aplicación diferenciada de la planificación de ordenación territorial[45]. Por ejemplo, en la Zona C, entre 2010 y 2012 se emitieron 2.418 órdenes de demolición de edificios palestinos, mientras que solo se emitieron 1.143 contra edificios en asentamientos israelíes[46].

 

Por lo tanto, la política de ordenación territorial israelí discrimina a los palestinos con respecto a los colonos israelíes. Como se indica más arriba, aun cuando las leyes de ordenación territorial no establecen en principio requisitos distintos a palestinos y colonos israelíes, imponen a los palestinos condiciones imposibles para edificar. En cambio, los colonos israelíes no tienen tantos problemas, por ejemplo con respecto a la asignación de licencias de obra y a la participación en el proceso de ordenación territorial[47]. Esto contraviene claramente las obligaciones internacionales contraídas por Israel en materia de derechos humanos, en particular el principio de no discriminación en relación con el derecho a una vivienda adecuada que figura en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[48], ratificado por Israel. Al no respetar ese principio, Israel incumple una obligación internacional de efecto inmediato[49]. Además, infringe el estado de derecho al aplicar discriminatoriamente la ley a los palestinos, en este caso el régimen de ordenación territorial. A este respecto, Israel conculca los artículos 2 (no  discriminación e igualdad ante la ley) y 26 (igual protección de la ley) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que también es parte[50].

 

 

 

              [1]   El Reglamento de La Haya figura en el anexo de la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907 (Convención IV). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha señalado que, si bien Israel no era parte en la Convención, el Reglamento de La Haya se le aplica, ya que ha pasado a formar parte del derecho consuetudinario. Véase la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, de 2004 (A/ES-10/273 y Corr.1), párrs. 89 a 101.

              [2]   Resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad.

              [3]   Resolución 65/104 de la Asamblea General.

              [4]   Resolución 22/26 del Consejo de Derechos Humanos.

              [5]   La Corte llegó a la conclusión de que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, se habían establecido en contravención del derecho internacional (A/ES‑10/273 y Corr.1, (nota 2 supra), párr. 120).

              [6]   A/ES-10/273 y Corr. 1 (nota 2 supra), párrs. 102 a 113.

              [7]   CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 10, CRC/C/ISR/CO/2-4, párr. 3. Véase también A/68/513, párr. 5.

              [8]   A/64/516, párr. 12; A/67/375, párr. 6.

              [9]   Paz Ahora utiliza la palabra "fomentar" para indicar el apoyo del Gobierno israelí a la promoción de nuevas viviendas durante el proceso polifásico de ordenación territorial. Información facilitada por Paz Ahora.

              [10]   Véase peacenow.org/Bibis%20Settlements%20Boom%20-%20March-November%202013%20-%20FINAL.pdf.

              [11]   Los asentamientos de avanzada son aquellos que, aunque a menudo se establecen con algún tipo de apoyo gubernamental, no gozan de reconocimiento oficial al amparo de la legislación israelí.

              [12]   Véase peacenow.org.il/eng/Jan-Jun-2013.

              [13]   Principalmente la ampliación del asentamiento de Ramat Shlomo y la construcción de un parque nacional en el monte Scopus.

              [14]   Véase www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.555373 www.timesofisrael.com/ 5000-new-settlement-units-said-to-be-in-the-works/ www.yourmiddleeast.com/news/israel-planning-another-3360-settler-homes_19078.

              [15]   Véase peacenow.org/entries/updated_new_peace_nowapn_report_bibis_settlements_boom_--_even_bigger_than_was_known#more.

              [16]   Zona de la Ribera Occidental dentro de los límites municipales del asentamiento de Ma'ale Adumim, adyacente a Jerusalén Oriental. Los planes de construcción de asentamientos en E-1 crearían un bloqueo urbano entre Ma'ale Adumim y Jerusalén, aumentando el aislamiento de Jerusalén Oriental del resto de la Ribera Occidental, e interrumpiendo la contigüidad territorial de esta. Véase www.btselem.org/settlements/20121202_e1_human_rights_ramifications.

              [17]   Véase www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24919030.

              [18]   Véase www.jpost.com/National-News/2012-West-Bank-settler-population-growing-almost-three-times-as-fast-as-national-rate-326309.

              [19]   A/68/513, párr. 10.

              [20]   A/68/513, párr. 12; A/66/364.

              [21]   Los Acuerdos de Oslo dividieron la Ribera Occidental en las zonas A, B y C. La Zona C, aproximadamente el 61% del territorio de la Ribera Occidental, está prácticamente bajo la autoridad civil y militar israelí.

              [22]   A/68/513, párrs. 31 a 33.

              [23]   A/HRC/22/63, párrs. 62 a 71; A/67/375, párr. 8; A/66/364, párr. 11.

              [24]   Información proporcionada por la OCAH.

              [25]   Ibid.

              [26]   Véase www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Jerusalem-Municipality-approves-construction-in-Pisgat-Zeev-328324.

              [27]   Información proporcionada por la OCAH.

              [28]   Véase www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.556071 y www.maannews.net/eng/ ViewDetails.aspx?ID=643164.

              [29]   A los fines del presente informe, la expresión "legislación" se refiere a la regulación mediante órdenes militares.

              [30]   A/66/364, párr. 8.

              [31]   El régimen de ordenación territorial en la Ribera Occidental se rige por un sistema de leyes vigentes antes de 1967, cuando Israel ocupó la Ribera Occidental. Este sistema comprende tres niveles: la legislación otomana, la del mandato británico y la jordana. Israel ha modificado el sistema principalmente mediante órdenes militares. Véase www.yesh-din.org/postview.asp?postid=254.

              [32]   La ordenación territorial y el desarrollo en Jerusalén Oriental se rigen por las instituciones nacionales israelíes de ordenación territorial. Véase Planning to fail: the planning regime in Area C of the West Bank: an international law perspective, informe jurídico del Diakonia International Humanitarian Law Resource Centre, septiembre de 2013, disponible en: www.diakonia.se/documents/public/ihl/ publications/Planning-to-fail-reportsept2013.pdf.

              [33]   Véase A/66/364.

              [34]   En 2012 el Comité manifestó su preocupación por la política de ordenación territorial discriminatoria de Israel e instó al país a reconsiderarla en su totalidad a fin de garantizar los derechos de los palestinos y los beduinos a la propiedad, y al acceso a la tierra, a la vivienda y a los recursos naturales (CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 25).

              [35]   A/66/364, párrs. 13 a 15.

              [36]   Véase www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2012_english.pdf.

              [37]   A/68/513, párrs. 30 a 33.

              [38]   Véase www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_January_2013_english.pdf.

              [39]   A/68/513, párr. 32. Véase también B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Acting the landlord: Israel's policy in Area C (junio de 2013), pág. 13. Disponible en www.btselem.org/download/201306_area_c_report_eng.pdf.

              [40]   A/68/513, párrs. 30 a 33 y A/66/364, párr. 19.

              [41]   Información proporcionada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

              [42]   Ibid.

              [43]   A/68/513, párrs. 23 a 29 y 34.

              [44]   Véase Land Grab, Israel's Settlement Policy in the West Bank, May 2002, disponible en: www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf.

              [45]   A/68/513, párr. 34. Véase también: The road to dispossession – a case study: the outpost of Adei-Ad, Yesh Din, 18 de abril de 2013, disponible en www.yesh-din.org/postview.asp?postid=254.

              [46]   Información proporcionada por la ICA a la OCAH.

              [47]   Según B'Tselem, a pesar de que el mismo sistema jurídico e institucional se encarga de la ordenación territorial en las zonas palestinas y en los asentamientos, los criterios aplicados son diametralmente opuestos. Véase Land Grab, Israel's Settlement Policy in the West Bank (nota 45 supra), pág. 88.

              [48]   El artículo 11 consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye el derecho a una vivienda adecuada, alimentos y ropa.

              [49]   En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de lograr progresivamente la efectividad de los derechos enunciados en el Pacto, teniendo en cuenta que la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales puede tomar algún tiempo debido a las consecuencias en lo tocante a los recursos. Sin embargo, algunos principios y elementos de esos derechos son de efecto inmediato, en particular el principio de no discriminación.

              [50]   Durante el examen de Israel, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación con respecto a "los sistemas de planificación municipal discriminatorios, en particular en la Zona C de la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental, que favorecen de forma desproporcionada a la población judía de esas zonas", CCPR/C/ISR/CO/3; A/66/364, párr. 7.

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